Propuestas para mejorar la contratación pública (que no requieren modificar la norma)

Hace varios días que desde el gobierno se hace mención a la necesidad de modificar el marco legal de contrataciones públicas para hacerlo más eficiente. Sin embargo, habría que recordar que si bien la Ley de Contrataciones del Estado vigente (Ley N° 30225) es del año 2014, ha sufrido dos importantes modificaciones; una el 2017 (Decreto Legislativo N° 1341) y otra hacia finales del 2018 (Decreto Legislativo N° 1444); que tenemos un texto único ordenado del 2019 (Decreto Legislativo N° 082-2019-EF); y un reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) del año 2018 modificado a finales del año pasado (Decreto Supremo N° 377-2019-EF). Es decir, no estamos frente a un marco normativo desactualizado, por el contrario la normativa de contrataciones ha sufrido varias modificaciones, especialmente en los últimos años y, no obstante ello, los males que aquejan al sistema siguen siendo los mismos. Por lo que, o las modificaciones que se han realizado en más de veinte años no han servido para nada o tal vez no basta modificar compulsivamente la normativa y debemos mejorar otros aspectos.

Uno de estos otros aspectos es la necesidad de reforzar las competencias y experiencia de los funcionarios de las áreas vinculadas con los contratos públicos, que no podemos esperar se generen si cada vez que se cambia un Ministro, un Viceministro o un Director, toda el área de logística se muda a otras entidades. Este problema, transversal a toda la administración pública, no se soluciona promulgando una norma o modificándola; como puede atestiguar la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que hasta el momento sigue bregando infructuosamente por crear una carrera del servicio civil. Sin funcionarios competentes y experimentados en los diferentes niveles de gobierno ni la mejor normativa de contrataciones pública sirve. Si bien es cierto esto no puede “arreglar” de un día para otro, es necesario mejorar lo avanzado en materia de certificación de funcionarios hasta que se pueda contar con la tan anhelada carrera del servicio civil.

Otro aspecto tiene que ver con la forma como se fiscaliza a los funcionarios encargados de las contrataciones. Muchas de las demoras en la elaboración de los requerimientos, las decisiones aparentemente ilógicas durante los procedimientos de selección, la falta de conformidades y la aplicación indiscriminada de penalidades no se debe a una retorcida lógica que adquiere una persona cuando decide trabajar en el área de contrataciones o logística de una entidad, o a la falta de sentido común, todo lo contrario. Si el control ahoga al funcionario con una interpretación excesivamente literal de la norma y cualquier aumento en el presupuesto aprobado para una contratación es un crimen, no debería sorprendernos que se tomen decisiones aparentemente irracionales durante los procedimientos de selección o que un funcionario prefiera que la entidad afronte un arbitraje en lugar de reconocer mayores gastos generales que pueden ser vistos con una ceja levantada por quien lo audita. Pero no se me entienda mal, es claro que un control es necesario, pero definitivamente no el que tenemos, que se ensaña con funcionarios que correctamente no aplicaron una penalidad pero permite que malos funcionarios roben millones mediante acuerdos bajo la mesa.

Un apunte final. Como todo, la normativa de contrataciones es perfectible y hay temas por mejorar; los cambios que se produzcan en este sentido serán bienvenidos pero si no se mejoran otros aspectos; nuevamente vamos a cambiarlo todo para no cambiar nada.