La urgencia de pautas para las contrataciones directas por emergencia y la lucha contra la corrupción

En los últimos días se hicieron públicas varias denuncias de corrupción relacionadas con las contrataciones realizadas por situación la de emergencia originada por el estallido del Coronavirus (COVID-19). Aunque a veces no resulte claro, éste es un tema que compete en mayor medida a las fiscalías y a la Contraloría General de la República que al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía; estas últimas tienen un labor supervisora y reguladora, pero ninguna de las dos persigue delincuentes, aunque si pueden establecer pautas para evitar que éstos se aprovechen de algunas zonas grises de la normativa.

La semana pasada el OSCE emitió el Comunicado Nº 11-2020, que justifica legalmente la celebración de contrataciones directas por situación de emergencia para atender los eventos producidos por la pandemia y está muy bien. Pero falta establecer criterios y cierta casuística que sirvan para determinar cuándo corresponde realizar estas contrataciones directas, a fin de evitar que malos funcionarios contraten innecesariamente bienes y servicios sobrevalorados o de mala calidad. Así por ejemplo, un estado de emergencia sanitaria no justifica que una entidad puede contratar directamente un servicio de vigilancia o adquirir medicamentos para tratar enfermedades distintas al COVID-19. Y si bien una contratación directa requiere rapidez en su concreción, ello no justifica que no se realice una indagación de mercado cuya ejecución puede tomar un par de horas en algunos casos.

Esperemos que pronto tengamos regulación adicional o mayores pautas respecto a las contrataciones directas considerando que la emergencia sanitaria se declaró hasta junio y que podría extenderse por un periodo mayor.